Firma digital

El uso de la firma digital es impulsado por el Gobierno a través de la Ley 164. Se trata de un avance tecnológico que permitirá agilizar trámites en instituciones públicas y privadas, y dotar de validez jurídica a documentos enviados por internet. Para ello se ha designado a la ADSIB como la Entidad Certificadora Pública (ECP) en Bolivia.

La certificación que emite ADSIB contempla tres destinatarios: cargos públicos, personas jurídicas y personas naturales. Tiene un periodo de duración de un año, en el cual el usuario puede emplear, cuantas veces vea conveniente, su firma digital con el máximo nivel de seguridad para los documentos que envíe por internet, ante posibles interferencias de terceros.

Para firmar un documento digital, el usuario dispondrá de un dispositivo de hardware llamado token, que contiene su clave privada, que al insertarse en el equipo con la contraseña firma el documento seleccionado.

La ADSIB certifica la identidad de la persona y la posesión de la clave privada; el contenido de los documentos firmados por el usuario es exclusiva responsabilidad de éste.

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